Consideran "responsable político del operativo de represión" al secretario de Seguridad Javier Oteo.
Hoy el abogado Marcelino Leiva en nombre de miembros de la Multisectorial contra el Ajuste, presentó una denuncia penal por "los hechos violentos que produjeron lesiones de distinta consideración en la integridad física de los manifestantes".
En el escrito se considera al secretario de Seguridad, Javier Oteo, "responsable político del operativo de represión policial desatada contra los participantes en la marcha" y se lo acusa de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, lesiones, privación ilegítima de la libertad, encubrimiento y lo que la fiscalía determine atento a las pruebas aportadas y que surjan de la investigación".
La denuncia señala que durante la manifestación intervinieron "seis o siete grupos compuestos por cuatro o cinco policías de civil, masculinos y femeninos, sin ningún tipo de identificación visible", a los que reconocieron como personal perteneciente a las brigadas de Investigaciones y Drogas Peligrosas. Según se narra en el escrito presentado, fueron estos policías lo que actuaron bajo la tutela del Comisario Chavez y Peña, únicas autoridades de seguridad presentes en el lugar de los hechos.
También consigna las agresiones sufridas, por parte de estos agentes, a los ciudadanos Avalos "a quien lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo llevaron a la rastra"; la docente Ivana Rivero, a quien no pudieron detener por la intervención de sus colegas; los hermanos Alejandro y Sebastián Gavretto, "uno de los cuales fue salvajemente golpeado por personal de civil", cuyas lesiones fueron constatadas por el personal médico del Hospital Perrrando; Patricia Insaurralde, a quien por un golpe en la cabeza debieron hacerle siete puntos de sutura y Emilio Rodríguez, que fue "atropellado por una moto de la policía y herido en la pierna".
"Es necesario resaltar que en todas las acciones represivas, participaron activamente personal vestido de civil y sin ningún tipo de investigación, lo cual. Es violatorio del llamado Protocolo Garre y que reglamenta la forma de actuación policial en caso de manifestaciones", explica la denuncia. "Tampoco actuó en la mediación del conflicto durante los incidentes ningún funcionario de la secretaría de Seguridad, todos ellos se encontraban en Casa de Gobierno y sólo se podía tratar con los jefes policiales a cargo del operativo, comisarios Peña y Chávez, lo que constituye una flagrante violación a las normas de actuación del llamado Protocolo Garre y la ley 6976 de seguridad de la Provincia".
Hoy el abogado Marcelino Leiva en nombre de miembros de la Multisectorial contra el Ajuste, presentó una denuncia penal por "los hechos violentos que produjeron lesiones de distinta consideración en la integridad física de los manifestantes".
En el escrito se considera al secretario de Seguridad, Javier Oteo, "responsable político del operativo de represión policial desatada contra los participantes en la marcha" y se lo acusa de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, lesiones, privación ilegítima de la libertad, encubrimiento y lo que la fiscalía determine atento a las pruebas aportadas y que surjan de la investigación".
La denuncia señala que durante la manifestación intervinieron "seis o siete grupos compuestos por cuatro o cinco policías de civil, masculinos y femeninos, sin ningún tipo de identificación visible", a los que reconocieron como personal perteneciente a las brigadas de Investigaciones y Drogas Peligrosas. Según se narra en el escrito presentado, fueron estos policías lo que actuaron bajo la tutela del Comisario Chavez y Peña, únicas autoridades de seguridad presentes en el lugar de los hechos.
También consigna las agresiones sufridas, por parte de estos agentes, a los ciudadanos Avalos "a quien lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo llevaron a la rastra"; la docente Ivana Rivero, a quien no pudieron detener por la intervención de sus colegas; los hermanos Alejandro y Sebastián Gavretto, "uno de los cuales fue salvajemente golpeado por personal de civil", cuyas lesiones fueron constatadas por el personal médico del Hospital Perrrando; Patricia Insaurralde, a quien por un golpe en la cabeza debieron hacerle siete puntos de sutura y Emilio Rodríguez, que fue "atropellado por una moto de la policía y herido en la pierna".
"Es necesario resaltar que en todas las acciones represivas, participaron activamente personal vestido de civil y sin ningún tipo de investigación, lo cual. Es violatorio del llamado Protocolo Garre y que reglamenta la forma de actuación policial en caso de manifestaciones", explica la denuncia. "Tampoco actuó en la mediación del conflicto durante los incidentes ningún funcionario de la secretaría de Seguridad, todos ellos se encontraban en Casa de Gobierno y sólo se podía tratar con los jefes policiales a cargo del operativo, comisarios Peña y Chávez, lo que constituye una flagrante violación a las normas de actuación del llamado Protocolo Garre y la ley 6976 de seguridad de la Provincia".
Fuente: D. Chaco
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