A 36 años de la noche más negra

| El 24 de Marzo de 1976 comenzó la etapa más oscura de la Historia Argentina: un golpe de Estado cívico-militar que, so pretexto de “aniquilar la subversión”, se cobró 30.000 vidas, sacrificó a cientos de jóvenes en Malvinas e instauró una política económica que devastó al país.

Seis días después del Golpe, al asumir la presidencia del gobierno de facto, el dictador Jorge Rafael Videla justificaba en su discurso la pertinencia de la intervención de las FFAA porque el país estaba “al borde de la disgregación” por culpa del “desgobierno, la corrupción y la complacencia”.

Analizaba que los ciudadanos estaban atemorizados y el Estado, paralizado. Aún así, sostenía, las “serenas advertencias” de las FFAA para terminar con ese flagelo no habían sido escuchadas. Según Videla la ineptitud del gobierno civil prácticamente los había obligado a intervenir contra “la delincuencia subversiva hasta su total aniquilamiento”.

Pero alguien sí había oído las “serenas advertencias”. Tal como el represor reconocerá años después ante un tribunal, Ítalo Luder –presidente provisional en 1975- había demostrado “coraje cívico” al optar, entre los cuatro cursos de acción para atacar la lucha armada, por la “Opción Nº 4”: “aniquilar” la subversión pese al riesgo “de que ocurrieran errores o excesos” porque de todos modos se “garantizaba la derrota del terrorismo en no más de un año y medio de lucha”. La medida apuntaba inicialmente a la provincia de Tucumán.

Al cumplirse un año del Golpe, la “derrota del terrorismo” no parecía estar aún en el horizonte de las FFAA. Ese día el periodista Rodolfo Walsh difunde clandestinamente su célebre Carta Abierta a la Junta Militar, que pone en blanco sobre negro la verdadera esencia de la intervención castrense.

“El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.”

Walsh desmonta las justificaciones de las FFAA para derrocar al gobierno constitucional y va más allá al denunciar “la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido”. Los números, a un año del Golpe, son escalofriantes: “Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.”




Pero el autor de “Operación Masacre” no se detiene en los crímenes del Estado militar y sigue hasta encontrar la clave, la explicación subterránea de semejante plan de terror y exterminio: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”

“Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.”

Al día siguiente de conocerse esa carta, el 25 de marzo de 1977, Walsh es asesinado por un Grupo de Tareas de la Marina. Su cuerpo llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y posteriormente desaparecido.

EL PLAN CÓNDOR
Tanto la desclasificación de documentos de la CIA norteamericana como el descubrimiento posterior de gran cantidad de material en Paraguay permitieron reconstruir una de las tramas más macabras de las dictaduras latinoamericanas, que tenía como protagonistas a Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: una operación regional coordinada por los gobiernos dictatoriales, concebida incluso antes de 1976, para “eliminar a enemigos políticos” más allá de las fronteras de cada territorio. Cientos de secuestros, “repatriaciones” y desapariciones se relacionan con esta operación que desnuda una concepción criminal a una escala sin precedentes en el continente.

“SI QUIEREN VENIR QUE VENGAN, LES PRESENTAREMOS BATALLA”
En el ocaso de la dictadura, la frase del entonces presidente Leopoldo Fortunato Galtieri no pudo ser más despiadada. Así como en 1978 un diferendo fronterizo con Chile fue utilizado para neutralizar las resistencias al “Proceso” en búsqueda de un “enemigo en común”, en 1982 Galtieri tocó otra fibra sensible del imaginario argentino: la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1883.

Incluso los ecos del Mundial `78 se habían acallado mientras los “ecos” de los gritos de los torturados en la ESMA se oían cada vez más fuerte, y la resistencia en las calles por la pavorosa crisis económica era incontrolable. La Dictadura se derrumbaba por su propio peso y también el gobierno inglés, encabezado por la Primer Ministro Margaret Thatcher, afrontaba un escenario de huelgas permanentes. En las cabezas afiebradas de ambos “guerreros”, las condiciones para un enfrentamiento armado maduraron rápidamente.

Entre el desembarco del 2 de abril de 1982 y el 14 de junio del mismo año (cuando Mario Benjamín Menéndez, comandante militar en Malvinas, firma el acta de rendición ante Gran Bretaña) murieron 649 argentinos, en su mayoría jóvenes conscriptos sin instrucción militar, arrastrados a la guerra desde los confines más distantes del país. Con el tiempo muchos más sufrirían las secuelas de la guerra y, durante años, el olvido del Estado.

Tres días después de la rendición de Menéndez, Galtieri renunció. Dos semanas más tarde asumió el último presidente de la dictadura: Reynaldo Bignone.

LA DEMOCRACIA
A 36 años de aquél fatídico 24 de Marzo de 1976, la herida en el pueblo argentino permanece abierta. El esperanzador Juicio a las Juntas, iniciado por el gobierno de Raúl Alfonsín, no tuvo el efecto “cicatrizante” esperado. Incluso fue interpretado por algunos sectores como una intención más o menos pautada de garantizar la retirada “honorable” de los ex dictadores.

Las tristemente célebres leyes de Punto Final y Obediencia Debida (ulteriormente derogadas) acentuaron esa sospecha. Durante años el reclamo incansable de hijos, madres y abuelas, y de organizaciones de Derechos Humanos por VERDAD, MEMORIA y JUSTICIA debió enfrentar duros golpes hasta encontrar algo de paz.

A la fecha, la Justicia de la democracia procesó a más de 900 represores y genocidas y condenó a 274, otorgándoles el derecho a defensa y a un juicio justo que no tuvieron sus decenas de miles de víctimas. Incluso en Chaco, las víctimas de la Masacre de Margarita Belén fueron en parte reivindicadas por una tardía condena a 8 de sus asesinos.

Entre tanto la organización Abuelas de Plaza de Mayo, contribuyendo con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), ha recuperado 105 nietos (hijos de desaparecidos) entre 1978 y 2011, aunque la lista de los que siguen buscando es mucho mayor.

Aún hay cientos de causas abiertas contra represores a lo largo y ancho del país. Aún persiste la demanda por Justicia también para ex combatientes de Malvinas. Aún las Abuelas buscan a sus nietos y lloran a sus hijos, y los Hijos siguen adelante por sus padres. Los estragos de una Dictadura tal vez no sean comparables con los de una guerra, sino infinitamente peores.
De la Redacción de Diario Chaco.

Fuente: D. Chaco

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